Índice

Introducción: el trayecto del Tribunal Constitucional hacia la crisis

Viviana Ponce de León Solís y Pablo Soto Delgado

I. Prácticas institucionales

El activismo político del Tribunal Constitucional chileno

Christian Viera Álvarez

El lobby desatado: gestión de intereses empresariales ante el Tribunal Constitucional

Daniel Mondaca Garay

La resistencia del Tribunal Constitucional a la aplicación del Derecho internacional de los derechos humanos

Pietro Sferrazza Taibi y Eduardo Bofill Chávez

Activismo judicial para paralizar la verdad y la justicia

Jorge Contesse Singh

II. Derechos fundamentales

Familia y heteronormatividad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Comentario a la STC rol Nº 7774-2019

Yanira Zúñiga Añazco

Titularidad sindical y grupos negociadores: un dilema sin resolver

Karla Varas Marchant

El acceso al Tribunal Constitucional para grupos aventajados: los requerimientos de inaplicabilidad de los sancionados del caso “Cascadas”

Alberto Coddou Mc Manus

“Las mujeres son personas”. Consideraciones sobre las sentencias sobre aborto en tres causales y objeción de conciencia

Bárbara Sepúlveda Hales y Lieta Vivaldi Macho

La educación como actividad económica y bien de consumo: comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional rol Nº 4317-2018

Viviana Ponce de León Solís

III. Rol del Estado y sus órganos

El Tribunal Constitucional del prójimo: el caso Sernac y sus lecciones para el proceso constituyente

Pablo Soto Delgado

La política del absurdo. La supuesta incompatibilidad de la “teoría del servicio público” con el “derecho público chileno”

Flavio Quezada Rodríguez

El fallo Ley de Bases de Medio Ambiente: un caso paradigmático de rigidez en la adjudicación constitucional

Matías Guiloff Titiun

Reformas en materia de fiscalización y sanciones al Código de Aguas: la objeción democrática ante la crisis hídrica (rol Nº 3958 de 2017)

Amaya Álvez Marín y Rodrigo Castillo Jofré

Un Tribunal imprudente: sobre la inconstitucionalidad de la reforma constitucional por el retiro anticipado de pensiones

Jaime Bassa Mercado, Pablo Contreras Vásquez y Domingo Lovera Parmo

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Introducción:
el trayecto del Tribunal Constitucional hacia la crisis

Viviana Ponce de León Solís
Pablo Soto Delgado

La integración, atribuciones y existencia del Tribunal Constitucional serán cuestiones centrales a discutir en el marco del proceso constituyente actualmente en curso. Pese a que este debate no es nuevo, ha adquirido un reforzado ímpetu ante una serie de episodios que evidencian la necesidad de una revisión profunda de nuestro sistema de justicia constitucional. Entre tales episodios cabe mencionar la presunta corrupción en la demora en la tramitación de causas relacionadas con la violación de derechos humanos durante la dictadura, dada a conocer por la actual Presidenta del Tribunal –María Luisa Brahm– en una entrevista. Cabe también recordar la difusión de un audio de una sesión del pleno del Tribunal realizada poco después de la referida entrevista, en la que se registró un tenso intercambio de acusaciones y reproches entre sus integrantes. A lo anterior hay que agregar las denuncias de maltrato laboral contra los funcionarios del Tribunal Constitucional, un sumario contra su Presidenta, la filtración de los acuerdos, y a su ex Presidente insinuando en un matinal de televisión cómo se resolvería la admisión a trámite del requerimiento del Presidente de la República sobre el tercer retiro de los fondos de las AFP.

Pero incluso en ausencia de episodios tan groseros como los mencionados, hace un tiempo parece haber cierto consenso en torno a la necesidad de someter el estatuto constitucional del Tribunal Constitucional a examen. Tal consenso pudo verse en tres de los siete programas de gobierno de las elecciones presidenciales de 2017, que destacaban la necesidad de evaluar el rol y las atribuciones de este órgano: los de Goic, Guillier y Piñera. Así igualmente lo sugirió un informe emitido por un grupo de académicas/os e investigadoras/es que se consideraba a sí mismo “plural en cuanto a sus orientaciones intelectuales, jurídicas y políticas”, en el que se propuso una serie de reformas a esta judicatura.

Buena parte de los cuestionamientos contra el Tribunal Constitucional apuntan a sus amplísimas atribuciones de control de constitucionalidad. La controversia se centra fundamentalmente en la evidente dificultad contramayoritaria que entraña el control preventivo de constitucionalidad de las leyes, en cuanto basta con una simple mayoría de jueces no electos democráticamente para dejar sin efecto la decisión de otra simple mayoría –¡o, a veces, de una mayoría calificada!– que sí se encuentra legitimada democráticamente. Sobre este aspecto, resulta claro que en el último período del Tribunal Constitucional este órgano ha mostrado escasa deferencia con el legislador. Más aún, la dificultad contramayoritaria no solo surgiría cuando el Tribunal efectivamente ejerce el control preventivo y declara la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, sino cuando la sola amenaza de presentación de un requerimiento se vuelve razón suficiente para que las/os adherentes a un proyecto de ley moderen su impacto, poniendo así en juego el cumplimiento de los objetivos perseguidos legislativamente.